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Bancos de conservación de la naturaleza por ley

Hace poco comenté la captura y perversión del discurso de servicios ecosistémicos en un farragoso artículo de El País sobre la intención del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de crear un banco de conservación la naturaleza en nuestro país. Pues ya es oficial, se ha incluido en la nueva Ley de Evaluación Ambiental 21/2012, de 9 de diciembre. La ley introduce algunos principios interesantes como la (muy necesaria) coordinación entre distintas administraciones, la participación pública (que hasta ahora sólo se reconocía en la planificación hidrológica) y la actuación basada en el mejor conocimiento científico disponible. Sin embargo, el objetivo fundamental es el el de simplificar los, ya poco efectivos, procesos de evaluación de impacto ambiental, o directamente anularlos acogiéndose a excepciones “de tipo financiero o presupuestario”. Además, muestra una clara intención recentralizadora las competencias del ministerio (con respecto a las de las autonomías) para decidir en última instancia sobre la realización o no de un proyecto, se haga donde se haga, incluido si se hace dentro de espacios de la Red Natura 2000.

Ha sido muy contestada por la inclusión del Memorandum del Tajo, elevando así un, hasta ahora inexistente, derecho al trasvase Tajo-Segura a rango de ley, sin participación pública ni transparencia en el proceso (a este respecto recomiendo este informe jurídico de la FNCA). Sin embargo, la disposición adicional octava ha pasado más desapercibida al debate público, seguramente por escueta, a espera de desarrollo reglamentario. En esta se especifica la definición de bancos de conservación de la naturaleza como:

“un conjunto de títulos ambientales o créditos de conservación otorgados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, en su caso, por las comunidades autónomas, que representan valores naturales creados o mejorados específicamente”

La valoración de dichos créditos, es decir, la decisión sobre ¿Cuánto vale restaurar un humedal? por ejemplo, se la atribuye de esta forma el propio ministerio (o administración con competencia autonómica) “de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan en la resolución por la que se crea cada banco de conservación”.

La idea fundamental es que los titulares de terrenos puedan inscribirse en el banco y recibir créditos por conservar o mejorar los valores naturales de los mismos. Estos créditos “se podrán transmitir en régimen de libre mercado” y constituirán las medidas compensatorias de impacto ambiental de proyectos, en el mismo lugar o en otro. Es decir: se abre la puerta a que los proyectos con grandes impactos ambientales puedan compensar dichos impactos pagando a otras personas para que conserven sus terrenos en cualquier lugar del país. Ni que decir tiene quienes son los grandes propietarios de fincas de este país…quizá los mismos que dirigen las grandes empresas cuyos proyectos tienen que ser sometidos a evaluación de impacto ambiental?

Deja para desarrollo reglamentario la organización, funcionamiento y criterios técnicos de los bancos. El quid del tema será, como en cualquier mercado, las reglas del juego que la administración establezca para estos bancos: ¿Qué significará en la práctica la transmisión en libre mercado? ¿Se podrá especular con ellos, es decir, generar dinero más allá del propio valor las medidas compensatorias? y, quizá el más fundamental ¿Cuáles serán los criterios de valoración de las mismas?  Como ya comentamos, la monetarización de las funciones y servicios de los ecosistemas es un debate muy amplio y sin consenso científico y no son pocas las voces que alertan sobre la financiarización de la naturaleza. La ley se puede descargar aquí

Financiarización de la Naturaleza from ATTAC.TV on Vimeo.

¿Cuánto vale un humedal? ¿Y un árbol de cien años?

Este tipo de preguntas que pueden parecer absurdas a algunos o trivial a otros han generado todo un campo de estudio científico: la economía ecológica. Su origen parte de un distanciamiento de la economía convencional por no incorporar en sus análisis los impactos que causamos en los ecosistemas con la actividad económica. En la economía ecológica existen múltiples líneas de investigación dedicadas a analizar y cuantificar nuestra dependencia de los recursos naturales y los riesgos de los impactos sobre los ecosistemas: análisis de flujos de materiales, metabolismo social, ecología política o etnoecología.

Una de las líneas de mayor repercusión es la de servicios ecosistémicos, que pretende poner en valor los múltiples usos que hacemos de los ecosistemas los cuales nos proveen servicios a través de su propio funcionar: limpian el agua, producen comida y madera, previenen inundaciones, regulan el clima, et. También mantienen identidades culturales que se generan en torno a las actividades tradicionales de uso de los ecosistemas, sobre todo en el medio rural. Este marco conceptual se vio catapultado por la apuesta de Naciones Unidas en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, con algunos equipos españoles a la cabeza.

Marco_2
Marco de análisis de los servicios ecosistémicos del Laboratorio de Socioecosistemas de la UAM

Si bien el éxito y rigor científico del análisis de los servicios ecosistémicos se ha demostrado ampliamente, desde sus comienzos surgieron debates en torno al riesgo de captura del discurso por los grandes organismos internacionales. En un sistema financiarizado, una metáfora basada en la producción económica como es la de los servicios que producen los ecosistemas, tiene alto riesgo de captación y metrificación en precios con los que poder comerciarlos. Es por ello que muchos investigadores han estado desde el principio en contra de cuantificar monetariamente los servicios ecosistémicos, si bien existe otro espectro que lo ha hecho para desarrollar esquemas de pago en compensación por mantenimiento de estos servicios.

La última Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río + 20 ya dio un giro importante en este sentido, acogiendo inciativas con una clara intención de crear nuevos mercados de los recursos comunes, como ya lo es el mercado de CO2. Por desgracia la economía ecológica, como propuesta heterodoxa, está viendo su discurso capturado y pervertido por la nueva economía verde.

Cuando este tipo de propuestas se encuentran con un gobierno como el de España, cuyo ministro de medioambiente tiene una concepción bastante particular de su protección, básicamente consistente en sacar el máximo rendimiento económico de los recursos naturales, podemos temernos lo peor. El País publicaba hace poco esta noticia haciendo referencia a la intención del gobierno español de crear un banco de habitats y especies que permita compensar los impactos ambientales de los proyectos a quién pueda pagar por recuperar otro lugar. El artículo mezcla dos cosas diferentes: por un lado, el uso de mecanismos financieros para compensar los impactos ambientales, por el otro el discurso de servicios ecosistémicos, capturado para justificar una nueva forma de financiarización de los bienes comunes. Es de destacar el bajo rigor del artículo, enalteciendo en palabras de ingenieros las bondades de este tipo de iniciativas (como siempre en España cuando se quiere justificar una actuación ambiental se pone en boca de un ingeniero), y colocando las críticas a la monetarización de la naturaleza “en países como Venezuela o Cuba” sin explicar nada del debate científico al respecto.

Esperando la propuesta en firme por parte del MAGRAMA para valorarla, de antemano la mera posibilidad de compensar los daños causados en un lugar con la restauración de otro no es demasiado acertada y ha sido criticada por utilizarla en lugar de obligar a minimizar los impactos ambientales ¿Qué más me da que construyas un humedal en Castilla si has talado el bosque del que yo vivo? Como colofón el artículo deja como reto abierto el “cálculo del valor económico de los daños ambientales”, asumiendo que SI se puede/debe hacer sólo que aún no tenemos una metodología adecuada. Pretender generar beneficio económico con estas compensaciones, poniéndole precio a algo que no es posible monetizar, sin aportar ningún criterio ni debate científico al respecto muestra el orden de prioridad de la administración española respecto a la gestión de nuestros recursos comunes: generar beneficios financieros. Una nueva burbuja a la vista.

aquí un interesante artículo sobre porqué los mecanismos de mercado no funcionan para preservar la biodiversidad en un mundo lleno de patológicamente ambiciosos, de los que nos sobran en nuestro país.