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Nuevos modelos de gestión del agua urbana: Participación, transparencia y rendición de cuentas. Presentación en las Jornadas Aigua: Bé comú

El pasado 21 de marzo de 2017 celebramos el (pre)día mundial del agua en unas estupendas  jornadas sobre ‘Remunicipalización y bases para la gestión del ciclo urbano del agua’, organizadas por el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con plataforma Aigua es Vida bajo el lema del agua como bien común. Las jornadas fueron un gran éxito tanto en contenidos como en asistencia, con debates importantes en torno a los aspectos clave de los nuevos modelos de gestión del agua urbana que incorporan las múltiples dimensiones del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.

Tuve el placer de estar en la mesa de participación en representación del grupo de trabajo sobre el ciclo urbano del agua de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Dejo mi presentación sobre principios e instrumentos para la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en la gestión del agua urbana. El texto completo puede descargarse aquí.

¿Por qué la administración andaluza del agua debería abrir todos sus datos a los ciudadanos?

Entramos en la fase de evaluación de los primeros planes de gestión de cuencas hidrográficas resultantes de la implementación de la Directiva Marco del Agua. De aquí a 2015 esta evaluación debería actualizar los diagnósticos de los ecosistemas acuáticos y los programas de medidas a implementar para recuperar su buen estado ecológico. He pasado unas semanas entrevistando a diversos actores relacionados con el uso y la gestión del agua en la provincia de Almería, zona de por sí árida que está pasando por el año más seco desde la sequía de los 80. Dialogando sobre la impresión que tienen de la política de aguas y cómo se está implementando, me gustaría hacer una reflexión inicial que me parece común a todos los entrevistados: existe una gran desconfianza entre actores y de todos hacia la administración del agua que está mermando las posibilidades de implementación del plan de gestión del agua. Esta desconfianza tiene sus raíces históricas y su complejidad asociada a las múltiples instituciones, formales e informales, implicadas en la gestión del agua en España. Sin embargo, creo que hay dos razones claves en el momento actual:

  1. La falta de acceso a datos e información relevantes sobre la gestión del agua

  2. La falta de procesos de participación real, esto es, vinculante y organizada de abajo a arriba

No se conoce con exactitud cuánta agua hay, cuánta se extrae, cuánta se consume y cuanto se vierte de nuevo a los cauces. La gestión se basa en estimaciones y modelos no en una contabilidad física. Pero aún así, estas estimaciones no están fácilmente accesibles a los ciudadanos y esto genera posiciones de poder del que tiene más información sobre le que tiene menos y por ende conflictos. Los alcaldes no conocen los presupuestos de la administración del agua ni a qué va destinado el canon que le cobran a los hogares. Los ciudadanos desconocen por qué se les sube el precio del agua. Los regantes no saben cuanta agua corresponde a los demás, ni cuál es el caudal ecológico y cómo se calcula, ni cómo están afectando las extracciones al acuífero (hasta que se secan sus pozos). Algunos de estos datos están en pdfs de cientos de páginas en los planes de cuenca de las webs de las administraciones competentes. Además, se suelen dan agregados y no permiten el análisis local y la conexión entre diferentes tipos de datos económicos, sociales y ambientales. En mis entrevistas he comprobado una tras otra el clásico lamento de “esos datos están un cajón”. Debido al desconocimiento generalizado, aparecen discursos manipulados e interpretaciones erróneas de la directiva y se imponen decisiones, o se perciben como impuestas, que no son bien recibidas. Como además la participación que anima la Directiva Marco del Agua se realiza a una escala mínimo de provincia y no es vinculante, la mayoría de los afectados por esas decisiones no participan y no tienen acceso a la información para poder evaluar con su propio criterio las medidas del plan de gestión que les afectan. Esto, unido a los crecientes conflictos por escasos recursos para demandas crecientes y a la precaria situación financiera de la administración, ha llevado a una situación de estancamiento en la que no se han implementado casi ninguna de las medidas que el plan preveía y a que la evaluación del mismo para el nuevo ciclo vaya a consistir prácticamente en una renovación del anterior (arrastrando sus errores).

Por todo lo expuesto, animaría a la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de Andalucía a seguir el camino abierto por su compañera Agencia de Gestión Agraria en el proyecto HOMER implementando una política de datos abiertos, asesorada por organizaciones profesionales en el sector como OpenKratio. Como propuestas básicas cabría mencionar:

  1. Realizar el seguimiento y control de todos los contadores de extracciones y consumo de manera rigurosa, generando así datos fiables para la gestión

  2. Recopilar y armonizar todos los datos utilizados para la gestión por distintas administraciones (ayuntamientos, empresas de abastecimiento municipales, diputaciones, comunidades de regantes, otras consejerías y empresas públicas) y publicarlos al mayor nivel de desagregación en base de datos geográficas actualizadas regularmente, con visores que permitan conectar distintos datos (como el Inventario de Regadíos) y descarga en formatos abiertos.

  3. Publicar sus presupuestos anuales, los costes de los servicios del agua, los cobros y en qué se invierten en formatos abiertos descargables y, a ser posible, en visualizaciones que permitan su análisis.

Esto de por sí no resuelve los problemas (para ello hay que ocuparse también de la segunda razón mencionada) pero sentaría las bases para una posición igualitaria en cuanto al acceso a la información de todos los ciudadanos, no sólo los usuarios del agua que pueden participar en los órganos colegiados de participación (unos pocos representantes).  Favorecería por ejemplo la comprensión de los costes del agua y de la necesidad de unas tarifas u otras por parte de la ciudadanía, evitando conflictos sociales y manipulación en este sentido. También favorecería que los propios ciudadanos contribuyan a complementar y corregir los datos que consideren inadecuados, ayudando a mejorar la eficiencia de la administración, y a que empresas e investigadores puedan reutilizarlos para sus proyectos de negocio e I+D.

La transparencia, en estos momentos, es un escenario donde todos tenemos mucho que ganar.