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Bancos de conservación de la naturaleza por ley

Hace poco comenté la captura y perversión del discurso de servicios ecosistémicos en un farragoso artículo de El País sobre la intención del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de crear un banco de conservación la naturaleza en nuestro país. Pues ya es oficial, se ha incluido en la nueva Ley de Evaluación Ambiental 21/2012, de 9 de diciembre. La ley introduce algunos principios interesantes como la (muy necesaria) coordinación entre distintas administraciones, la participación pública (que hasta ahora sólo se reconocía en la planificación hidrológica) y la actuación basada en el mejor conocimiento científico disponible. Sin embargo, el objetivo fundamental es el el de simplificar los, ya poco efectivos, procesos de evaluación de impacto ambiental, o directamente anularlos acogiéndose a excepciones “de tipo financiero o presupuestario”. Además, muestra una clara intención recentralizadora las competencias del ministerio (con respecto a las de las autonomías) para decidir en última instancia sobre la realización o no de un proyecto, se haga donde se haga, incluido si se hace dentro de espacios de la Red Natura 2000.

Ha sido muy contestada por la inclusión del Memorandum del Tajo, elevando así un, hasta ahora inexistente, derecho al trasvase Tajo-Segura a rango de ley, sin participación pública ni transparencia en el proceso (a este respecto recomiendo este informe jurídico de la FNCA). Sin embargo, la disposición adicional octava ha pasado más desapercibida al debate público, seguramente por escueta, a espera de desarrollo reglamentario. En esta se especifica la definición de bancos de conservación de la naturaleza como:

“un conjunto de títulos ambientales o créditos de conservación otorgados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, en su caso, por las comunidades autónomas, que representan valores naturales creados o mejorados específicamente”

La valoración de dichos créditos, es decir, la decisión sobre ¿Cuánto vale restaurar un humedal? por ejemplo, se la atribuye de esta forma el propio ministerio (o administración con competencia autonómica) “de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan en la resolución por la que se crea cada banco de conservación”.

La idea fundamental es que los titulares de terrenos puedan inscribirse en el banco y recibir créditos por conservar o mejorar los valores naturales de los mismos. Estos créditos “se podrán transmitir en régimen de libre mercado” y constituirán las medidas compensatorias de impacto ambiental de proyectos, en el mismo lugar o en otro. Es decir: se abre la puerta a que los proyectos con grandes impactos ambientales puedan compensar dichos impactos pagando a otras personas para que conserven sus terrenos en cualquier lugar del país. Ni que decir tiene quienes son los grandes propietarios de fincas de este país…quizá los mismos que dirigen las grandes empresas cuyos proyectos tienen que ser sometidos a evaluación de impacto ambiental?

Deja para desarrollo reglamentario la organización, funcionamiento y criterios técnicos de los bancos. El quid del tema será, como en cualquier mercado, las reglas del juego que la administración establezca para estos bancos: ¿Qué significará en la práctica la transmisión en libre mercado? ¿Se podrá especular con ellos, es decir, generar dinero más allá del propio valor las medidas compensatorias? y, quizá el más fundamental ¿Cuáles serán los criterios de valoración de las mismas?  Como ya comentamos, la monetarización de las funciones y servicios de los ecosistemas es un debate muy amplio y sin consenso científico y no son pocas las voces que alertan sobre la financiarización de la naturaleza. La ley se puede descargar aquí

Financiarización de la Naturaleza from ATTAC.TV on Vimeo.